Lo acusan de entregar a dos sacerdotes jesuitas. La publicación del libro El Jesuita reaviva la polemica sobre el rol que jugó el cardenal Bergoglio durante los años del terrorismo de Estado.
El cardenal y arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Bergoglio, tras la publicación del libro `El Jesuita` de los periodistas Francesca Ambrogetti y Sergio Rubín, que indaga sobre el rol de este al frente de la Compañía de Jesús entre los años 1973 a 1979, se vio envuelto en una nueva polémica, luego de que el periodista Horacio Verbitsky ratificara su denuncia referidas a que el alto dignatario de la Iglesia Católica Argentina entregó durante la dictadura militar a dos sacerdotes de su congregación, los padres Orlando Yorio y Francisco Jalic.
En relación al secuestro de los dos religiosos a manos de una patota de la Armada, Bergoglio sostiene en el libro que "hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba para abogar por las personas secuestradas", al tiempo que refiere que en la Iglesia "se fue conociendo de a poco todo lo que estaba pasando" en el país. Esta afirmación del cardenal dista mucho de la verdad ya que en la reunión del 10 de mayo de 1976, en el seno del propio Episcopado, varios obispos dieron cuenta del accionar represivo de la Junta Militar, pero más allá de ello, no escapaba a nadie que la propia Iglesia era víctima hacía su interior de la persecución, los secuestros y los asesinatos de sus propios integrantes.
Amén de los hechos más conocidos que son los de los obispos Enrique Angelelli, de La Rioja, y Carlos Horacio Ponce de León, de San Nicolás, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) dio cuenta en su momento de los asesinatos de "diez sacerdotes, dos seminaristas y cinco dirigentes laicos",entre cuyos nombres figuran los tres curas y dos seminaristas palotinos masacrados en la iglesia de San Patricio; las monjas francesas Alice Dumon y Léoni Duquet, y los sacerdotes Gabriel Longeville y Carlos de Dios Murias, acribillados en La Rioja.
En esa reunión del 10 de mayo del `76, a tan solo un mes y medio de dar comienzo la dictadura militar, el cardenal Raúl Primatesta de Córdoba, el arzobispo de Santa Fe Vicente Zaspe y los obispos Miguel Hesayne, Pacifico Scozzina, Jorge Kémerer, Juan José Iriarte, y los citados Angelelli y Ponce de León, dieron cuenta de lo que estaba sucediendo hacía el interior de sus diócesis.
Precisamente monseñor Ponce de León fue uno de los dignatarios eclesiásticos que desde el comienzo mismo de la dictadura tomó intervención directa en la defensa de los perseguidos políticos, lo que 16 meses más tarde le iba a terminar costando la vida.
El obispo de San Nicolás padeció en carne propia la persecución a manos del teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, jefe del Regimiento de Zapadores Pontoneros de esa ciudad, quien en reiteradas ocasiones lo había amenazado de muerte, al tiempo que detenía a varios sacerdotes, entre ellos Marciano Alba y Luis Efraín López Molina.
“El Viejo” -como lo apodaban al obispo sus curas- en persona tuvo que viajar de urgencia a finales de marzo del ‘76 hasta la ciudad de Ramallo, alertado por los vecinos para abortar el secuestro de López Molina, al que intentaba llevarse una patrulla del Ejercito. Finalmente el cura, semanas más tarde, iba a ser apresado y trasladado a la Unidad 9 de La Plata, acusado de integrar el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP).
A partir de entonces las gestiones de Ponce de León en favor del cura iban a ser incesantes al punto de tener que reunirse con el mismísimo general Guillermo Suárez Mason, por entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejercito, hasta lograr su liberación.
José `Pepe` Aramburu, otro de los sacerdotes nicoleños que debió partir al exilio, relató a este cronista que a mediados de 1976 el obispo lo mandó a buscar de urgencia para que marchara a Roma ya que las Fuerzas Armadas andaban tras sus pasos. Aramburu dijo estar convencido que Ponce de León ya para esos meses debía estar al tanto del Plan Cóndor, porque cuando él le sugirió que "en lugar de ir a Roma prefería viajar a Uruguay o a Brasil a la estancia de un amigo, se negó rotundamente", advirtiéndole que en ninguno de los países de la región iba a estar seguro.
Por comprometerse en la defensa de los perseguidos políticos, Ponce de León murió el 11 de julio de 1977 en un supuesto accidente carretero ocurrido en la ruta 9, a la altura de Ramallo.
Los dichos de Bergoglio aduciendo el conocimiento progresivo de los hechos ocurridos durante aquellos años contrastan con la verdad; la Iglesia desde el comienzo mismo de la dictadura supo lo que estaba sucediendo en el país. Incluso la propia Nunciatura poco y nada hizo para impedir la persecución y los asesinatos.
La madre de un sacerdote que actualmente realiza su labor pastoral en Guatemala, relató que con una carta que le entregara Ponce de León antes de fallecer, concurrió a la Nunciatura para que la ayudaran a sacar del país a otra de sus hijas quien era buscada por el Ejercito, pero uno de los secretario de Pio Laghi le espetó que su hija "era una guerrillera" y ella “una mentirosa” y sin otro preámbulo, la mandó a los organismos de derechos humanos para que le brindaran ayuda.
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